Por Maria Carme Mayol Fernández
El próximo otoño el Parlament de Catalunya debatirá una Llei de Biblioteques que se presenta bastante polémica y que pretende suplir la actual, aprobada por unanimidad el 22 de abril de 1981.
El Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya redactó hace un año un largo escrito argumentando sus discrepancias con el borrador inicial. El texto provisional, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) el 18 de mayo de 1992, incorpora algunas de las modificaciones propuestas por el Col.legi pero se mantienen disposiciones que con toda seguridad serán objeto de controversia.
Las características básicas de la nueva Llei son la municipalización de la lectura pública y la creación de la Biblioteca Nacional de Catalunya.
Actualmente la Generalitat, la Diputació de Barcelona, y las cajas de ahorros, especialmente La Caixa, son las instituciones públicas y privadas que se ocupan de la lectura pública del país. Los ayuntamientos prestan a las instituciones públicas una colaboración que habitualmente es bastante tímida. La Llei pendiente de aprobación supone un cambio radical de responsabilidades, ya que establece que los ayuntamientos y las comarcas sean los patrocinadores de la lectura pública. La Generalitat se reserva unos servicios denominados “nacionales” como soporte a la biblioteca pública.
Vincular estrechamente municipios y comarcas a un servicio público básico para el ciudadano, es una política acertada para fomentar su desarrollo, pero la forma tan rápida y radical de plantear el cambio, y la gran ambigüedad de los servicios nacionales propuestos, hace temer que se desmantele una estructura que actualmente funciona, sin crear las bases necesarias para implantar una nueva.
Por lo que respecta a la creación de la Biblioteca Nacional de Catalunya, este organismo se configura a partir de la actual Biblioteca de Catalunya y con la aportación de una serie de instituciones que ofrecen servicios de ámbito nacional.
Este es un tema complejo que exigirá una reglamentación coordinada y reclamará un presupuesto importante. De momento el articulado de esta Llei no permite deducir con claridad las funciones adjudicadas a la nueva institución.
Finalmente otra innovación de la Llei es que se contemplan, o quizá mejor, se citan las bibliotecas escolares, las universitarias, las especializadas, y los servicios especiales de la lectura pública. El alcance de la Llei se amplía, pero no se indica cómo se articula el sistema.
En resumen, la ley presentada al Parlament se nos muestra inicialmente más ambiciosa y completa en su planteamiento que la actual, pero en alguna de sus disposiciones acusa una gran rigidez y reglamentarismo, y en otras muestra una excesiva ambigüedad en cuestiones biblioteconómicas básicas.
Confiamos que el debate político y la aportación técnica de los profesionales consigan mejorar la redacción actual, para obtener una ley que permita estructurar con coherencia y eficacia el sistema bibliotecario catalán.
Nota redactada a petición de IWE por Maria-Carme Mayol-Fernández, profesora de la Escola Universiària de Biblioteconomia i Documentació de Barcelona (Eubid) y su directora hasta el curso pasado.
Eubid. Tels.: +34-3-491 37 15 / 39 54
Foto: Tomàs Baiget
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Esta información se publicó en la revista Information World en Español (IWE), n. 7, septiembre de 1992, pp. 3-4.