Por Tomàs Baiget
Joan Bravo Pijoan, economista, fue jefe del Servei de Teledocumentació del desaparecido Consorci d’Informació i Documentació de Catalunya (CIDC). Actualmente es gerente del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), institución continuadora del CIDC, pero –como su nombre indica– enfocada casi exclusivamente a generar estadísticas.
¿Cuál fue el papel del Consorci d’Informació i Documentació de Catalunya en el desarrollo de las actividades de información y documentación en España?
‑ El Consorci fue el resultado de la participación de un conjunto de instituciones públicas en un proyecto común de información. Se creó en 1969 por iniciativa de un grupo de técnicos, dirigidos por Lluís Carreño Piera, que llevaron a cabo negociaciones con diversos organismos públicos (Ayuntamiento, Diputación, Comisión de Urbanismo y Cámara de Comercio de Barcelona) para impulsar la creación de un organismo especializado en el campo de la información que ayudase a paliar las insuficiencias que entonces, más que ahora, presentaba la oferta disponible.
Posteriormente, la recuperación de la autonomía de Catalunya y el restablecimiento de la Generalitat dio un nuevo empuje al Consorci. La Generalitat se incorporó al mismo, fortaleciéndose la cooperación institucional y desarrollándose un conjunto de servicios abiertos a las propias administraciones, las empresas privadas y los ciudadanos en general.
Desde el principio y a lo largo de su trayectoria el Consorci intentó responder a dos tipos de déficits: de coberturas informativas disponibles y de métodos de tratamiento de la información. En el primer aspecto, se produjo nueva información primaria, esencialmente estadística sobre demografía, conocimiento del catalán, equipamientos colectivos, inversiones industriales, etc. También se recopiló la documentación estadística dispersa y se inició el inventario de estadísticas de España (que cuajó en la base de datos ESPAN) y en esta misma línea se elaboró la bibliografía económica de Catalunya.
Dado que era necesario acceder con la mayor amplitud al conjunto de conocimientos disponibles, con la ayuda de Fundesco, se instalaron en el INTA, en Torrejón de Ardoz (Madrid), y el Consorci de Barcelona los dos primeros terminales de teledocumentación que entonces permitían el acceso a dos millones de referencias de documentos, cifra que comparada con los volúmenes actuales, es muy pequeña pero que en aquel tiempo nos pareció extraordinaria.
En segundo lugar, y en cuanto a la introducción de nuevos métodos y tecnologías de tratamiento de la información, el Consorci intentó siempre compatibilizar la aplicación interna de los nuevos sistemas con la mayor difusión posible, a través de estudios, asesoramientos y seminarios de formación. Así por ejemplo en los años setenta se homogeneizó la informatización de los padrones municipales para facilitar las comparaciones intermunicipales, se aprovecharon archivos de gestión administrativa para producir estadísticas con el fin de reducir los costes y molestias de las encuestas, se elaboraron informáticamente índices kwic y kwoc e intentamos difundir las técnicas de teledocumentación, objetivo en el que encontramos una gran colaboración de todos los profesionales. Al principio éramos nosotros los que proponíamos las actividades pero progresivamente la iniciativa fue haciéndose más compartida. Era muy estimulante y todos los miembros del equipo del Consorci que trabajamos en ello conservamos un grato recuerdo de esta etapa. Se realizaron unos 180 seminarios sobre lenguajes de búsqueda, coberturas, telecomunicaciones, etc. Se creó un servicio de consulta abierto a todos los documentalistas españoles para ayudar a resolver sus dificultades de acceso a bases de datos, se organizaron las I Jornades Catalanes de Teledocumentació, que fueron la avanzadilla de las Jornades Catalanes de Documentació organizadas por la Societat Catalana de Documentació i Informació (Socadi).
En colaboración con el ICYT (hoy Cindoc) se organizaron las Jornadas Españolas de Documentación Automatizada a las que asistieron más de mil profesionales (las primeras en Madrid y las segundas en Torremolinos, con ayuda de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios). Por otra parte, se establecieron convenios para ayudar a la creación de servicios de documentación en diversas universidades, en la Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació Jordi Rubió y en colegios profesionales.
¿En la actualidad cómo afecta a las actividades de documentación el cambio de Consorci a Institut d’Estadística de Catalunya?
‑ Lógicamente el cambio de Consorci a Institut supone una transformación substantiva de su marco jurídico. La nueva institución se rige por la Llei d’Estadística de Catalunya y el decreto de creación del Institut y sus actividades están definidas en la Llei del Pla Estadístic de Catalunya 92‑95. Otro decreto establece y concreta el programa estadístico para 1992.
Las innovaciones en sistemas de información se aplican a las actividades estadísticas del Institut, como anteriormente hacía el Consorci (ESPAN, banco de estadísticas municipales, biblioteca, etc.). Pero por tratarse de sistemas que en general son polivalentes, su proyección desborda el ámbito interno. En los dos últimos años, se ha desarrollado software de consulta tutorial que se ha aplicado a las bases de datos y servicios al público del Institut, se ha ampliado y actualizado el thesaurus, se ha creado una base de datos en hipertexto, implementado un gateway que compatibiliza el acceso a bases de datos online y a cd-roms y, por último, con la ayuda financiera de la Comisión Europea se está elaborando un proyecto de distribuidor de bases de datos online que dirige Tomàs Baiget.
Hace cuatro años tu impulsaste y fuiste el primer presidente de Fesabid. ¿Cuál es la importancia de esta federación de asociaciones?
‑ Fesabid surgió de una forma natural como resultado de la voluntad de cooperación existente entre las asociaciones profesionales. Lo que en realidad perseguíamos era crear una mesa alrededor de la cual pudiéramos intercambiar experiencias y profundizar en áreas de interés común. En principio ni tan solo considerábamos indispensable crear una federación, pero poco a poco nos dimos cuenta que una cierta formalización era conveniente ya que en definitiva no se trataba de relaciones personales sino entre asociaciones.
Elaboramos unos estatutos de mínimos en los que se recogían las ideas básicas que inspiraban la federación; esencialmente eran dos:
- en primer lugar y en cuanto a su objetivo, contribuir a facilitar a todas las asociaciones integrantes el mejor cumplimiento de sus fines respectivos, por lo que las actividades se orientaron, más que a crear una gran estructura organizativa, a incrementar la comunicación y a fomentar la colaboración entre todas las asociaciones miembros;
- en segundo lugar, se reconocía el más estricto respeto a la soberanía de las asociaciones miembros por lo que los estatutos establecieron que los acuerdos de una mayoría de asociaciones no obligaban a las que no estuviesen interesadas en ellos, con el fin de que cada una orientara sus actividades con absoluta y total autonomía.
Creo sinceramente que estos principios se han llevado fielmente a la práctica a lo largo de estos años y que, como era de esperar, la colaboración ha sido enriquecedora para todos.
Desde la perspectiva de la función de gestor del Programa Nacional de Información para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico que desempeñaste, ¿cómo ves la situación y el futuro del sector de la información y la documentación?
– Desde el Programa nacional intentamos apoyar en la medida de las limitadas dotaciones presupuestarias aquellos proyectos que a juicio de las dos comisiones que intervenían en la adjudicación –la Comisión de Programa y la Agencia Nacional de Evaluación de Proyectos– eran más solventes y podían generar un efecto multiplicador más beneficioso para el conjunto del sector. Ciertamente la información para la investigación y el desarrollo tecnológico es una parte importante del campo de la información, pero hay que decir también que es una parte limitada. Hay otros ámbitos tanto o más importantes como es la información para la planificación, gestión y toma de decisiones al servicio de las distintas políticas sectoriales (educación, sanidad, economía, etc.), para el enriquecimiento cultural, la creación de opinión, el ocio, etc.
Desde una perspectiva global creo que el reto más importante que tenemos planteado es, para decirlo con palabras sencillas, lograr que el sector de la información y la documentación sea de actividad normal. La administración pública está en gran parte vertebrada por sectores de actividad. Hay una administración para la industria, la sanidad, la educación, etc. Hace algunas décadas el sector del medio ambiente no estaba reconocido como tal y hoy nadie se sorprende de que exista una administración específicamente dedicada a esta área, una autoridad responsable, una política definida, etc.
En el campo de la información las competencias o están fragmentadas (bibliotecas, archivos…) o simplemente no atribuidas (bases de datos, documentación administrativa, etc.). Creo que hay dos tipos de razones para intentar superar esta fragmentación:
1) De una parte, razones técnicas: la evolución tecnológica favorece la integración de las actividades de información, los sistemas que empleamos son cada vez más polivalentes e integran información sobre distintos temas y los soportes actuales admiten ya información de distinta naturaleza (textual, numérica, gráfica, voz, etc.) que hasta hace poco requerían distintos tipos de soportes.
-Por otra parte, y desde la óptica del uso de la información en general, ningún organismo por importante que sea puede producir toda la información que necesita para llevar a cabo sus actividades y normalmente también toda información es susceptible de servir a más de un usuario. También desde esta óptica es importante la integración.
2) El segundo grupo de razones se refieren al objetivo básico del sector de la información y documentación. Si tomamos como ejemplo el sector de la sanidad podemos afirmar que no es lo mismo un farmacéutico que un cirujano cardiovascular, pero todos responden al objetivo común de garantizar el mejor nivel posible de salud a los ciudadanos, ese es el norte que con diferentes técnicas y métodos todos persiguen; y los responsables de la administración de la sanidad responden ante la sociedad del logro de este objetivo. En el campo de la información el objetivo es claro: garantizar el mejor nivel posible de información a todos los organismos públicos, empresas privadas y ciudadanos para que todos puedan desarrollar sus actividades profesionales y personales con la mejor base informativa posible.
Se han producido avances que apuntan hacia una mayor integración y cooperación entre los subsectores que integran el campo de la información. Algunos ya se han mencionado. Podemos añadir quizá tres ejemplos especialmente significativos:
- Acta Final del Tratado de Maastricht, que refuerza el reconocimiento del derecho de acceso a la documentación de la administración pública, lo que además de favorecer el control democrático de la administración obliga a organizar la documentación para que sea fácilmente localizable. Por ello es un instrumento eficaz en esta línea puesto que la administración es en su conjunto el mayor servicio de estudios del país.
- Esfuerzos de la Comisión Europea para desarrollar el mercado de la Información, y
- El reciente Programa de Información de la República Federal de Alemania.
El papel del sector privado, ya importante, aumentará aun más en el futuro, y si bien los últimos datos disponibles nos hablan de unos resultados financieros que en muchos casos no son suficientes para estimular las inversiones que el sector requiere, precisamente esta situación, quizá no deseable, puede contribuir a una mayor cooperación y complementariedad entre el sector público y el sector privado.
Para terminar, quizá desde una perspectiva histórica se comprende mejor la situación actual puesto que la Sociedad de la Información es realmente muy reciente. Los acontecimientos de 1789 dieron lugar al reconocimiento de los derechos políticos, la revolución industrial llevó al reconocimiento de los derechos sociales y es en la actualidad cuando la evolución tecnológica está impulsando el reconocimiento del derecho a la información, en la seguridad de que ello contribuirá a crear una sociedad más eficaz e informativamente más justa y equilibrada.
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Esta información se publicó en la newsletter Information World en Español (IWE), n. 8, octubre de 1992, pp. 1-3.