Por Gill Shearer
Nadie discute que las fuentes y los sistemas de acceso a la información deben unificarse u homogeneizarse, pero el problema es cómo lograr la unanimidad para hacerlo. Aún quedan por resolver importantes aspectos legales, técnicos, idiomáticos y administrativos, que se complican adicionalmente por las diversidades existentes en cada país.
¿Quién es el responsable de la exactitud de las bases de datos, por ejemplo? ¿Cómo se gestionan los derechos de propiedad intelectual? ¿Debería introducirse una legislación que garantizara el derecho universal al acceso a la información de la Comisión Europea? ¿Quién debe desarrollar una normativa sobre el formato de la información y las interfaces de búsqueda?
Administración‑empresa privada
Jerry Roest (en la foto), director de productos online de FT Profile, opina que es fundamental encontrar un equilibrio entre el sector público y el privado para poder resolver esos problemas.
“Hay una línea clara entre las misiones de ambos sectores”, dice. “El papel de las administraciones es sensibilizar a la sociedad sobre la información electrónica, por ejemplo haciendo que este tema figure ya en la enseñanza primaria. En cambio, el sector privado es más eficaz estableciendo los contactos con los usuarios. Sin embargo, el desarrollo de las normas debería ser hecho por los dos sectores en cooperación”.
Normativa
La Comisión Europea está financiando una serie de proyectos para desarrollar normas para sus fuentes de información electrónica. Son estándares para codificar textos, imágenes y sonido, estructuras de los documentos, presentación de los mismos (color, tipografía), etc. También se elaboran pautas para el uso de los mismos, en una iniciativa del Programa Impact llamada Open Information Interchange (OII).
Esta base normativa es imprescindible para que las organizaciones comerciales se decidan a presentarse a los concursos de la CE para crear y/o mantener bases de datos.
Asegurar la calidad
En general, y básicamente, la exactitud de las bases de datos de la CE es responsabilidad de la organización productora (p. ej. una de ellas es Unesco), aunque también del distribuidor (p. ej. el host online ECHO). Para tratar ésta y otras cuestiones legales, el Programa Impact ha creado el Legal Advisory Board (LAB).
Subcontrataciones a empresas
La Comisión acostumbra a subcontratar la producción de sus bases de datos a empresas privadas, ganadoras de los correspondientes concursos públicos.
Este es el caso de la empresa Longman Cartermill (del grupo Pearson / Financial Times), con oficinas en Luxemburgo, Bruselas y St. Andrews (Escocia), que produce varias de las bases de datos Cordis (Community research and development information service), y del host ECHO, –distribuidor online de Cordis–, que está gestionado por la empresa Infopartners, con sucursales en varios países, entre ellos España.
Lorna Talbot, de Longman Cartermill, dice:
“Nuestro principal problema es asegurar la calidad y la exactitud de los datos, puesto que además de extraerlos de las diversas fuentes comunitarias, luego hacemos también nuestro propio trabajo de campo enviando encuestas y formularios. La empresa usa todas las normas ISO adecuadas al caso. Por último en ECHO hacen los cambios necesarios para uniformizar nuestras bases de datos con las de los demás, de manera que a través de un front end común (*) lleguen a los usuarios con el mismo formato”.
“El hecho de que los front ends sean distintos es el principal obstáculo para la difusión de las bases de datos de la Comisión“,
dice Julia Dickmann (en la foto) de Aslib (Association for Information Management), uno de los NAPs del Reino Unido.
“Los usuarios no se aclaran buscando la información que necesitan”.
La máquina-araña nos puede salvar del caos
Con el objeto de unir virtualmente en una única interface todas las fuentes de información comunitarias, la DGXIII puso en marcha una tecnología producto de Internet: un servidor World Wide Web (“tres uve-dobles”) (v. IWE-29, pp. 10 y 25-27) que de momento provee acceso al texto completo de documentos de la Comisión y detalles de los programas de la misma en el sector de la información.
También ha contratado a la empresa británica Context, editora de una docena de títulos de cd-rom con información legal comunitaria –en una serie llamada Justis–, la mejora de las interfaces de acceso a las bdds de la CE, así como el establecimiento de un help-desk telefónico para orientar a los usuarios.
Privatización de la distribución online
Igual como ha hecho en la creación de bases de datos, la CE también está tranfiriendo su distribución online a empresas privadas. Recientemente Eur-op, la oficina de publicaciones oficiales de la Comisión, ha nombrado agentes nacionales con la misión de comercializar mejor sus servicios online y dar apoyo a los usuarios en la lengua local. Los convenios de Eur-op con las empresas-agentes de cada país pueden variar para ajustarse a las peculiaridades tanto de las propias empresas como de los usuarios. Pueden ser simples representantes comerciales, ofrecer servicio de gateway a Eurobases –el host de Eur-op ubicado en Bruselas–, dar acceso a las bases de datos comunitarias cargadas en sus propios hosts, etc., con lo cual se producirá mayor competencia.
Según la española Mari-Cruz Cristóbal (en la foto), de Eurobases, esto supone un cambio radical en la política de la CE, una concepción mucho más comercial. Eurobases seguirá operando en condiciones similares a las actuales y los agentes de cada país tendrán que arreglárselas para obtener beneficios quizá vendiendo versiones más caras de las mismas bases de datos, pero con algún valor añadido (p. ej. mejor software de búsqueda, enlaces con otras bases de datos, etc.) que compense pagar la diferencia a los usuarios.
En España el agente oficial de Eurobases es Spritel, quien además de ofrecer conexión física a Eurobases a través de sus gateways, se encarga de dar cursos y difundir la documentación. Paralelamente, durante 1995 Fuinca también seguirá impartiendo cursos sobre Eurobases.
En España, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) ofrece asimismo servicio de gateway a Eurobases –en este caso desde hace varios años–. Primero era solamente a la base de datos Celex, pero más tarde la conexión se amplió a SCAD (Servicio comunitario de archivos y documentación), Info92 y TED (Tenders electronic daily).
Roles comunitarios
Mari-Cruz Cristóbal insistió en que el copyright de la información y la responsabilidad de la base de datos seguirá en Eur-op. Esto es improbable que cambie en tanto no se haya resuelto el tema del derecho al acceso a la información de la Comisión Europea. La resolución Fayat/Schinzel, aprobada por el Parlamento Europeo en enero de 1994, propuso una directiva sobre el derecho al acceso de la información del sector público en línea con la Ley de libertad de información (Freedom of information act) de los EUA.
En opinión de Jerry Roest, los gobiernos tienen la obligación de hacer la información disponible pero no de comercializarla.
“Esto es un tema político que debe decidir cada gobierno”, dice.
Y le gustaría que los gobiernos cedieran más información al sector privado.
La información europea en alza
La necesidad de información europea crece constantemente a medida que va creciendo la cohesión de la UE y las fronteras nacionales pierden su poder de separación.
Todos, Comisión, administraciones nacionales y empresas, creen que el desarrollo del mercado de la información es prioritario, pero la unificación de los sistemas de información avanza muy lentamente. Al menos consuela saber que todos estamos de acuerdo en que esto es así y en que no nos encontramos en la situación ideal.
(*) N. de la R.: Front end es una palabra usada en multitud de situaciones, aunque en general es más frecuente en telecomunicaciones (p. ej. “el ordenador‑host está conectado a la red a través de un front end“). Es sinónimo de “adaptador dinámico”, interfaz o interface. Aquí el autor la usa en lugar de software de consulta o plano de contacto entre la base de datos (instalada en un equipo con un programa de recuperación de información) y el usuario.
Lorna Talbot. Longman Group, The Technology Centre. Tel.: +44‑334‑77 660; fax: 77 180
Jesús Bustamante Díaz. ECHO. Tel.: +352‑34 98 12 23; fax: 34 98 12 34
Eliana Benjumeda Azorín, Luis Mira Caracena. Infopartners España. Tel.: +34‑1‑556 24 64; fax: 556 33 14
Mari-Cruz Cristóbal. Eurobases. Tel.: +32-2-295 00 04; fax: 296 06 24
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Esta información se publicó en la revista Information World en Español (IWE), n. 30, diciembre de 1994-enero de 1995, pp. 9-11.
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