La prensa francesa ha protestado al Comité de Información Administrativa de los Asuntos Públicos de la Comisión de Coordinación de la Documentación Administrativa por lo que considera una posible violación del Tratado de Roma, que en sus artículos 90 y 92 prohíbe que la administración pública (AP) haga la competencia a servicios privados.
Ha elaborado una lista de servicios públicos de información videotex (Minitel) accesibles a través del número 36 15 del sistema kiosco francés, cuyo caso podría ser llevado al Tribunal de Justicia Europeo. Pide que los entes que suministran esos servicios creen empresas comerciales o de lo contrario que ofrezcan los servicios a través de números sin transferencia de fondos, o sea sin ganar dinero, como el 36 14 (equivalente al 031 español).
La involucración de la AP en el sector de la información es muy compleja. La AP es necesaria para arrancar y financiar servicios de interés público que son muy costosos o difíciles de que lleguen a autofinanciarse; pero ¿con qué criterios deberá desprenderse de ellos?
Por otro lado, ¿debe regalar los servicios? Algunos opinan que la AP no puede cobrar dos veces una misma información, una a través de los impuestos que sirvieron para recopilarla y otra cuando se solicita una búsqueda o información concreta. En cambio otros ven bien que la AP trate de recuperar parte de sus gastos a través del pago de las personas más interesadas en que se haya elaborado una información.
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Esta información se publicó en la newsletter Information World en Español (IWE), n. 9, noviembre de 1992, p. 9.