Dos empleados de la empresa Litton Data Systems fueron sentenciados a 1 año de cárcel por haberse enterado en 1988, a través de una consultora (especializada precisamente en obtener este tipo de información), de que el gobierno no había concedido un contrato a su empresa. El Departamento de Justicia dijo que los empleados tenían que haber sido notificados primero por la administración pública. A finales de marzo de 1993 el Tribunal Supremo rechazó una apelación de LDS basándose en que si alguien recibe información (aunque no sea confidencial) no suministrada a través de los cauces oficiales, es un ladrón y puede ser procesado.
Según dijo Kate Martin (en la foto), directora del Center for National Security Studies (CNSS) de la American Civil Liberties Union (ACLU):
“A menos que la información se suministre oficialmente desde un registro público o se obtenga bajo la Ley de Libertad de Información, una persona puede estar en peligro por recibir información de la administración pública norteamericana”.
La ACLU “está preocupada por esta decisión que tendrá un impacto nocivo en los profesionales que tratan con información gubernamental”.
McAusland y Pafort han sido acusados de tres cargos: robar información, conspiración (por obtener información ilegal de otras personas) y fraude telefónico (por obtener la información ilegal telefónicamente), por lo cual estarán en la cárcel 12 meses cada uno.
Information Industry Bulletin, v. 9, n. 13, abril 1993.
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Esta información se publicó en la revista Information World en Español (IWE), n. 16, julio-agosto de 1993, p. 6.