Imponente edificio de mármol de la Supreme Court (Corte Suprema), en Washington. De estilo neoclásico se construyó en 1935. Es la máxima autoridad judicial de los Estados Unidos y examina alrededor de 100 casos al año, aunque se le presentan más de 7000. La Corte Suprema anuló la mayor parte de las disposiciones de la Communications Decency Act.
La nueva ley norteamericana Communications Decency Act para regular Internet encontró un escollo a pocos días de lanzarse.
Un juez federal en Filadelfia la ha congelado hasta oír los argumentos presentados por la American Civil Liberties Union (ACLU) y otros 19 grupos progresistas norteamericanos (Wall Street Journal Europe, 19/2/96, p. 5).
Estos grupos han aducido que la ley es inconstitucional y supone una violación de la Primera Enmienda –añadido a la Constitución de los EUA que garantiza la libertad de expresión–, porque, según dicen, la definición de “indecencia” en la ley es “demasiado vaga”.
En akrause@cpsr.org (Computer Professionals for Social Responsibility) puede obtenerse más información sobre el frente progresista contra la ley.
Diferentes censuras
Ya se ha comentado en la prensa general la respuesta de los internautas a la Communications Decency Act. En China, las autoridades establecieron un registro nacional en el que debían inscribirse todos los internautas en el plazo de 30 días desde su promulgación. El temor de las autoridades chinas no se centra en la difusión de pornografía, sino en las posibles críticas al pensamiento oficial (Wall Street Journal Europe, 15/2/96, p. 2).
En Europa puede que se sigan caminos parecidos a los americanos. La Comisión Europea está más preocupada, sin embargo, por la difusión de contenidos racistas y xenófobos, y en especial, por las BBS utilizadas por neonazis y terroristas de todo el continente (la banda ETA ha tenido también un web en Suiza).
Las autoridades de telecomunicaciones francesas también están muy sensibilizadas después de la difusión online del libro prohibido en papel “Le Grand Secret” sobre los últimos años de François Mitterrand.
Son precisamente los franceses los que proponen utilizar el modelo de la legislación marítima internacional para Internet. La idea clave es que esta legislación se coordina a nivel nacional pero es reconocida internacionalmente.
La diferencia, según algunos expertos, está en la imposibilidad de poner una “bandera” a la información que circula por las redes, así como en el hecho de que es el usuario quien pide que el “barco” de los datos circule por las redes, y no quien lo origina (Wall Street Journal Europe, 13/2/96, p. 4).
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Esta información se publicó en la revista Information World en Español (IWE), n. 43, abril de 1996, p. 11.
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