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La odisea del proyecto de Ley del Cable

María F. Sánchez Hernández   Por María F. Sánchez Hernández

Después de años esperando una norma que ordenara el mercado del cable, por fin se ha aprobado el Proyecto de Ley regulador.

Cuando este artículo vea la luz, el Proyecto recientemente consensuado por una serie de grupos parlamentarios quizá ya se haya transformado en ley.

El proyecto no sólo es importante a nivel político –por la influencia que este poderoso medio de difusión tiene para la transmisión de datos, información e ideas–, sino que además es muy interesante para la industria de la información electrónica.

Como vehículos de transporte telemático los cables de TV ofrecen varias ventajas en comparación con las líneas telefónicas clásicas y con las líneas digitales alquiladas. La velocidad de transmisión puede ser superior y mayor el ancho de la banda. Además, mientras se utilizan servicios online por medio de los cables de TV no se ocupa la línea telefónica normal.

El cable de los diputados
El día 25 de octubre de 1995, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Telecomunicaciones por Cable. Luego fue aprobado por el Senado el 23 de noviembre y de nuevo por el Congreso a mediados de diciembre. Probablemente entre en vigor antes de que finalice el año 1995.

Hay toda una trama de intereses políticos, económicos y comerciales, que durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1995 tuvo ocupados a jueces, políticos y empresarios.

El Proyecto de Ley ha sido pactado por los grupos parlamentarios socialista, PNV, CiU e IU-Iniciativa per Catalunya, con la oposición del PP.

El grupo Popular opina que la televisión por cable se debe considerar como una actividad de interés general, y no como un servicio público de titularidad estatal. A su entender, el actual proyecto es contradictorio, y los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular están gestionando, antes de que entre la ley en vigor, las concesiones de televisión por cable. Después se aplicará la ley del Estado.

Situación del mercado
Los tres principales operadores de TV por cable en funcionamiento son:

  1. Procono, que ha realizado una inversión de más de 3.000 millones de pesetas para cablear Málaga, Córdoba, Sevilla, Valencia y zonas de Madrid, y cuya facturación ronda los 800 millones de pesetas anuales;
  2. Tele Elche, con unos 200 millones de facturación;
  3. Teleón, con una facturación aproximada de 130 millones de pesetas.

Otras grandes empresas han preferido esperar a la aparición de la Ley para comenzar sus inversiones, mientras se preparaban formando consorcios en los que participan compañías procedentes de distintos campos: entidades financieras, empresas tecnológicas… Pero debido a la tardanza de la normativa también han comenzado un frenético cableado de ciudades.

Por último, los ayuntamientos, no dispuestos a perder terreno, han convocado concursos públicos para la creación de sus propias redes, o participan en las empresas a las que se les daba la concesión.

La carrera de los ayuntamientos
El Ayuntamiento de Madrid ha convocado un concurso para instalar y explotar la televisión por cable, pues afirma que esta televisión y todos los servicios que conlleva son un elemento económicamente fundamental que afecta a la competitividad y no se puede esperar eternamente la regulación por parte del Gobierno.

Este ayuntamiento ingresará un 2% de la facturación de la empresa adjudicataria.

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, ha adjudicado a la empresa Cable i Televisió de Catalunya la puesta en marcha de una red de cable de banda ancha que pretende dar servicio a los aproximadamente 20.439 hogares ya abonados.

Enfrentamientos con Telefónica
Todo el conflicto de intereses particulares ha degradado el ambiente, principalmente en contra de Telefónica, debido a su situación de monopolio de facto, y a la que la Secretaría General de Comunicaciones anunció que, al amparo de las sentencias del Tribunal Constitucional, podía entrar en el negocio de la televisión por cable.

Antena 3 Televisión propuso a Telefónica en un principio crear una empresa conjunta con el fin de distribuir su señal con destino a redes de televisión por cable y antenas parabólicas, pero la cadena privada no pudo conseguir la exclusividad en este contrato.

Más adelante Telefónica firmó un contrato similar con Canal Plus, del grupo Prisa, para crear Cablevisión. A la vista de este acuerdo, el pasado mes de septiembre  de 1995 Antena 3 decidió buscar el amparo del Tribunal de Defensa de la Competencia por entender que se vulneraban los principios de la competencia y el libre mercado y se producía abuso por parte de ambas empresas.

Canal Plus no acepta las acusaciones, pues considera que Telefónica ha tomado una decisión voluntaria, y no una imposición gubernamental, como Antena 3 TV da a entender.

Antena 3 ha acudido a los tribunales europeos acusando a Telefónica y a Canal Plus de incrementar la distorsión existente en el mercado televisivo español, por la posición dominante de la doble financiación –publicidad y subvenciones– otorgada a las empresas públicas (en el Parlamento Europeo se está preparando una directiva que unifique las normativas de los quince para impedir los monopolios de los medios de comunicación y garantizar el pluralismo informativo).

Según afirmaciones de Josep Borrell Fontelles, ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, el Gobierno garantiza el acceso de todos los operadores de cable a la red de Telefónica en igualdad de oportunidades.

¿Quién puede cablear?
Cablevisión, cuyos socios mayoritarios son Canal Plus y Telefónica, prevé llevar a cabo las experiencias piloto de televisión por cable en Madrid y Barcelona.

El Ayuntamiento de Madrid ha intentado paralizar estas pruebas porque no cuentan con el pertinente permiso municipal.

Cablevisión alega que la LOT (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones) le autoriza a instalar la infraestructura necesaria por ser un prestador de servicios.

La LOT ha sido también citada por la Administración Central para impugnar los concursos convocados por los Ayuntamientos, afirmando que el Estado disfruta de competencia exclusiva en la concesión de licencias para la prestación de servicios avanzados a través de las redes de cable, en tanto no se apruebe la nueva ley.

Las demarcaciones y servicios del cable
La Ley del cable prevé la división del territorio español en demarcaciones. En cada una de ellas se realizará un concurso público al que podrán concurrir las empresas que quieran instalar una red de cable. Una de estas empresas puede ser Telefónica.

Por otra parte, se contempla que comunidades autónomas y ayuntamientos tengan representación en los procesos de adjudicación de las licencias, estando presentes en las mesas de contratación. Éstas contarán con cuatro miembros, dos de la administración central, uno de la comunidad autónoma en cuestión y otro del ayuntamiento, además de un presidente, que dirimirá las votaciones en caso de empate.

Las comunidades autónomas tendrán la competencia de otorgar las concesiones para la instalación de infraestructuras de la televisión por cable, pero la administración central se reserva conceder la licencia para el resto de los servicios que se puedan ofrecer.

Las licencias de explotación serán otorgadas por un plazo de quince años, renovables en períodos sucesivos de cinco. Las concesiones habrán de procurar el mayor aprovechamiento de las infraestructuras existentes, así como causar el menor impacto ambiental y sobre el dominio público.

Reportaje preparado para IWE por María F. Sánchez Hernández.
Biblioteca de Andalucía. Profesor Sáenz Cantero,6. 18002 Granada.
Tel.: +34-58-28 28 20

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Esta información se publicó en la revista Information World en Español (IWE), n. 40, diciembre de 1995-enero de 1996, pp. 32-33.